El Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, aprobó un paquete de medidas por importe de 11.000 millones de euros.

Estas ayudas de canalizan a través de 3 instrumentos:

2.1)     Ayudas directas a autónomos y empresas: 7.000M€

Ayudas directas no reembolsables, gestionadas a través de las CCAA, hacia los autónomos y empresas de los sectores más afectados (ver lista CNAEs del RDl), cuyos ingresos hayan caído más de un 30% con respecto a 2019. Las ayudas tendrán un máximo de 3.000€ para los autónomos que tributen en régimen de estimación objetiva y un rango de entre 4.000 y 200.000€ para el resto de autónomos y empresas.

2.2)     Fondo reestructuración de deuda financiera COVID: 3.000M€

Esta ayuda de gestionará a través del ICO. Se trata de un conjunto de medidas de apoyo y flexibilización de los préstamos que cuenten con aval ICO, tales como ampliaciones de plazo, conversión a préstamos participativos e incluso quitas.

Se aprobará un Código de Buenas Prácticas con las entidades financieras,  en línea con el existente en el ámbito hipotecario, donde se establecerán los criterios de aplicación de la medida.

2.3)      Fondo recapitalización: 1.000M€

Este fondo  de recapitalización será gestionado por COFIDES. Se trata de un Fondo similar al gestionado por la SEPI  para empresas estratégicas, pero destinado a las empresas medianas. Esta medida será de aplicación para los casos en que las medidas anteriores no hayan sido suficientes.

Adicionalmente, en este Real Decreto ley,  se han adoptado medidas en materia concursal y fiscal:

Materia concursal: se extienden las moratorias relativas a la exención del deber del deudor de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso que presenten los acreedores.

Materia fiscal: se aumenta a cuatro meses el periodo para poder retrasar el pago de deudas tributarias sin intereses de demora.

Todo apunta a que la recuperación de la economía española no está teniendo la fuerza (recuperaciones en forma de V) que se preveía, después del estado de alarma. Los sectores se están recuperando de forma asimétrica, siendo el sector turístico y la restauración, los sectores más débiles en esta recuperación.

Los datos oficiales del mercado laboral a cierre de Noviembre, son los siguientes:

• Número de personas desempleadas nuevas durante el mes de Noviembre (+25.269); Octubre (+49.558).
• Número de personas desempleadas totales en Noviembre (851.312); hace una año, Noviembre 2019, el número de desempleados era de (3.202.928).
• Nuevo empleo en el mes de Noviembre (+31.638); Octubre (+113.974).
• Número de cotizantes a la SS en el mes de Noviembre (022.002), hace un año, Noviembre 2019 (19.376.879).
• De los trabajadores afiliados a la SS, en el mes de Noviembre están en ERTE (759.309); Octubre (633.192); el pico de trabajadores en ERTE se registró en el mes de Mayo (3’4 millones de personas en ERTE). El 71% están cobrando prestación.
• Déficit Público estimado 2020 (-11’3%) y año 2021 estimado (-7’7%).

El Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, regula el trabajo a distancia de las empresas (teletrabajo). Finalmente Gobierno, patronal y sindicatos se han puesto de acuerdo para sacar adelante, el pasado 23 de septiembre, la Ley del trabajo a distancia.

El Real Decreto-ley establece que el trabajo a distancia es aquel que se presta en el domicilio de la persona trabadora o el lugar elegido por ella, durante toda su jornada o parte de ella y con carácter regular. Si tenemos en cuenta un periodo de tres meses, al menos el 30% de la jornada o lo correspondiente a dos días de jornada completa por semana, deben realizarse a distancia.

Las empresas están obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles necesarios para el desarrollo del trabajo a distancia. La forma en que se compensarán los gastos quedará fijada en cada convenio colectivo en concreto.

Los trabajadores que trabajen a distancia tendrán los mismos derechos que los que prestan el servicio de manera presencial y no podrán ver modificadas las condiciones pactadas con la empresa en ningún sentido.

El trabajo a distancia será voluntario, tanto para la empresa como para el empleado (el trabajador no podrá ser despedido alegando como causa justificativa su rechazo a esta medida).

Deberá existir un acuerdo por escrito, en cualquier caso, antes de que se inicie el teletrabajo, en el que se establezcan el horario (el trabajador tiene derecho a un horario flexible, respetando la normativa en cuestión de descansos obligatorios y jornada máxima de trabajo) y el lugar, el cual no siempre ha de coincidir con el domicilio del trabajador. Este acuerdo se presentará en el SEPE.

La empresa deberá garantizar la desconexión digital del empleado fuera del horario de trabajo, limitando el uso de medios tecnológicos en los términos que se establezcan mediante convenio colectivo.

l Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, regula el trabajo a distancia de las empresas (teletrabajo). Finalmente Gobierno, patronal y sindicatos se han puesto de acuerdo para sacar adelante, el pasado 23 de septiembre, la Ley del trabajo a distancia.

El Real Decreto-ley establece que el trabajo a distancia es aquel que se presta en el domicilio de la persona trabadora o el lugar elegido por ella, durante toda su jornada o parte de ella y con carácter regular. Si tenemos en cuenta un periodo de tres meses, al menos el 30% de la jornada o lo correspondiente a dos días de jornada completa por semana, deben realizarse a distancia.

Las empresas están obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles necesarios para el desarrollo del trabajo a distancia. La forma en que se compensarán los gastos quedará fijada en cada convenio colectivo en concreto.

Los trabajadores que trabajen a distancia tendrán los mismos derechos que los que prestan el servicio de manera presencial y no podrán ver modificadas las condiciones pactadas con la empresa en ningún sentido.

El trabajo a distancia será voluntario, tanto para la empresa como para el empleado (el trabajador no podrá ser despedido alegando como causa justificativa su rechazo a esta medida).

Deberá existir un acuerdo por escrito, en cualquier caso, antes de que se inicie el teletrabajo, en el que se establezcan el horario (el trabajador tiene derecho a un horario flexible, respetando la normativa en cuestión de descansos obligatorios y jornada máxima de trabajo) y el lugar, el cual no siempre ha de coincidir con el domicilio del trabajador. Este acuerdo se presentará en el SEPE.

La empresa deberá garantizar la desconexión digital del empleado fuera del horario de trabajo, limitando el uso de medios tecnológicos en los términos que se establezcan mediante convenio colectivo.

Dinamarca, Suecia y Noruega pueden ser los primeros países europeos en eliminar el pago con dinero físico, efectivo, billetes y monedas. Cada vez hay más medios de pago, medios electrónicos, entidades de pago, entidades de dinero  electrónico, bitcoins y criptomonedas, bizum, revolut….

En España, en este mes de junio,  se ha registrado en el Congreso de los Diputados una Propuesta no de Ley, para analizar la reducción paulatina de los pagos en efectivo, hasta su final desaparición.

Actualmente se permiten pagos en efectivo hasta  2.500 euros entre empresarios (se pretende reducirlos a 1.000€). Entre particulares no existe limitación. Por otro lado, para personas no residentes fiscales en España, se permiten pagos en efectivo con un límite de 10.000€.  Es necesario informar en un modelo fiscal específico (S1) movimientos es España de cantidades en efectivo superiores a 100.000€. La sanción en ambos casos es del 25% sobre el pago que exceda estas cantidades.

Se persigue minimizar la evasión fiscal y la economía sumergida (dinero negro), que según la asociación de inspectores de hacienda, se calcula entre un 20% y un 30% de la economía nacional.

Por otro lado, la eliminación del pago en efectivo impactaría negativamente en los sectores más desprotegidos de la población, que no están bancarizados, en el mundo rural y en las personas mayores. El BCE está en contra de esta iniciativa, indicando que sus billetes y monedas son medios de pago plenamente válidos, más allá de las políticas monetarias expansivas.

De entrada, las 3 consecuencias de la eliminación del dinero en efectivo, serían:

• Pérdida de la privacidad.
• Mayor dependencia de la entidad depositaria de tu dinero.
• Posibilidad de perder nuestros ahorros, con un “corralito” por decisión estatal.

Lo cierto es que cada vez son más los países que estudian esta opción en un mundo cada vez más gobernado por la tecnología. Llegar, acabará llegando, el asunto es cuando.