La Ley 7/2012 de 29 de Octubre sobre prevención del fraude fiscal estableció en su artículo nº7 limitaciones a los pagos en efectivo.

La prohibición de pagos en efectivo cuando interviene un empresario/autónomo/profesional como medida de prevención del fraude fiscal, afecta a la totalidad de la actividad económica, a cualquier operación de la que se derive cobros o pagos, por cualquier concepto y respecto a toda clase de bienes y servicios sin excepciones.

No podrán pagarse en efectivo las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500€.

Tampoco se permite el fraccionamiento de una factura que supere (IVA incluida) los 2.500€, para no cumplir esta limitación.

Los intervinientes, empresarios o profesionales, que realicen operaciones superiores a 2.500€ deberán conservar durante 5 años desde la fecha de pago, los justificantes del mismo, para acreditar ante la Agencia Tributaria que el pago se efectuó por alguno de medios de pago distintos a los de efectivo.

Esta limitación, no resulta de aplicación a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito.

Se trata de un “sistema importado” de otros países europeos como Francia (con una limitación de 3.000€ o 1.500€ dependiendo de los casos) e Italia (limitación de 1.000€, salvo turistas 15.000€).

Solo en el caso de que el interviniente no sea empresario/profesional o que no sea residente fiscal en España. Esta excepción va dirigida a no perjudicar a la industria del turismo, ni al turista.

Esta limitación de 2.500€, no será aplicable en caso de herencias ni donaciones, ni a la liquidación de la sociedad de gananciales, ni a la compraventa de participaciones entre particulares.

¿Qué ocurre en caso de incumplimiento?

Fiscalmente, constituye una sanción administrativa grave, tanto para el pagador como para el perceptor, penada con el 25% de la base de la sanción, es decir, sobre la cuantía pagada en efectivo.

Civilmente, no tiene repercusión, porque el pago es válido, eficaz y liberatorio.

Notarialmente, el Notario deberá impedirla, pero si no es posible, su obligación es informar a la Agencia Tributaria, aunque debe celebrar la escritura con plena validez.

Registralmente, el incumplimiento no es causa de suspensión ni de denegación de la inscripción en los registros de la propiedad o mercantiles que proceda, pero debe también informar a la Agencia Tributaria.

Cuestión distinta, es la entrada o salida de España de medios de pago al portador o efectivo. La limitación es de 10.000€ y para importes superiores debe informarse mediante el modelo S-1 a la Comisión de Blanqueo de Capitales.

Tampoco pueden moverse en España medios en efectivo superiores a 100.000€ sin informar previamente a la Comisión de Blanqueo de Capitales.

Con carácter general, la declaración del IRPF se presenta de forma individual. No obstante, las personas integradas en una unidad familiar pueden optar por declarar de forma conjunta.

La tributación conjunta vincula a todos los miembros de la unidad familiar; si uno cualquiera de los miembros de la unidad familiar presenta declaración individual, los restantes miembros deberán utilizar este mismo régimen tributario, siempre que todos sus miembros sean contribuyentes por este impuesto.

La tributación conjunta interesa cuando uno de los dos cónyuges no trabaja o tiene rentas muy bajas o en las familias monoparentales cuando los hijos a cargo no tienen rentas.

Hay dos modalidades de unidad familiar a efectos de IRPF:

-En caso de matrimonio, es unidad familiar la integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere los hijos menores de 18 años durante el periodo impositivo, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientemente de estos, así como los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.

-En ausencia de matrimonio o en los casos de separación legal, es unidad familiar la formada por el padre o la madre y la totalidad de los hijos que convivan con uno u otra y reúnan los requisitos señalados para la modalidad anterior.

Cualquier otra agrupación familiar distinta de estas, no es unidad familiar a efectos del IRPF, ni nadie puede formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo.

En las parejas de hecho, solo uno de sus miembros (padre o madre) puede formar unidad familiar con los hijos que reúnan los requisitos anteriormente comentados y, en consecuencia, optar por la tributación conjunta, y el otro miembro de la pareja debe declarar de forma individual. El mismo criterio es aplicable en los casos de separación o divorcio con guardia y custodia compartida.

Una vez ejercitada la opción por tributar de forma individual o conjunta, no es posible modificarla presentando nuevas declaraciones, salvo que estas se presenten dentro del plazo voluntario de presentación de declaraciones. Finalizado dicho plazo no podrá cambiarse la opción de tributación para ese período impositivo.

Reducciones por tributación conjunta

La cuantía del mínimo por contribuyente será de 5.550€ anuales, con independencia del número de miembros integrados en la unidad familiar.

No obstante, para la cuantificación por edad y discapacidad se tendrán en cuenta las circunstancias personales de cada uno de los cónyuges.

Estas cuantías no se aplicarán por hijos, con independencia de la aplicación de mínimos por descendientes y por discapacidad. 

Se establece una reducción en la base imponible de 3.400€ anuales por tributación conjunta en la modalidad de unidad familiar compuesta por matrimonios no separados legalmente.

 En el caso de unidades familiares compuestas por el padre o madre no casado, viudo o separado legalmente con los hijos menores, o mayores incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada, que convivan con él o con ella, se establece una reducción de 2.150€ anuales. No se aplicará esta reducción cuando el contribuyente conviva con el padre o la madre de alguno de los hijos que forman parte de su unidad familiar.

 Los límites de la obligación de declarar son los mismos en tributación individual y conjunta. Por lo tanto, si se opta por tributación conjunta, deben incluirse en la declaración todas las rentas de los miembros de la unidad familiar, con independencia de que individualmente resulten o no obligados a presentar declaración.

Características de la tributación conjunta

El régimen de tributación conjunta presenta las siguientes características generales:

-Para determinar la existencia o no de la obligación de declarar, el importe de las rentas, la base imponible y liquidable y la deuda tributaria, se aplicarán, con carácter general, las reglas de tributación individual, sin que proceda (excepto en las reglas especiales comentadas a continuación) la elevación o multiplicación de los importes o límites en función del número de miembros de la unidad familiar.

-Las rentas de cualquier tipo obtenidas por todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar se someterán a gravamen acumuladamente.

-Todos los miembros de la unidad familiar quedarán sometidos al impuesto conjunta y solidariamente, de forma que la deuda tributaria, resultante de la declaración o descubierta por la Administración, podrá ser exigida en su totalidad a cualquiera de ellos.

-Se aplica las mismas escalas de gravamen (general y autonómica o complementaria) que para la tributación individual.

Salvo en los casos expresamente previstos en la normativa del impuesto, la declaración conjunta no supone la ampliación de ninguno de los límites que afectan a determinadas partidas deducibles.

Las partidas negativas de períodos anteriores no compensadas por los contribuyentes componentes de la unidad familiar pueden compensarse con arreglo a las normas generales del impuesto, con independencia de que provengan de una declaración anterior individual o conjunta.

Las partidas negativas determinadas en tributación conjunta serán compensables, en caso de tributación individual posterior, exclusivamente por aquellos contribuyentes a quienes correspondan, de acuerdo con las reglas sobre individualización de rentas contenidas en la Ley del impuesto.

Los límites máximos de reducción previstos por aportaciones a los distintos sistemas de previsión social serán aplicados individualmente por cada mutualista o partícipe integrado en la unidad familiar.

El pasado 10 de marzo, se produjo un hecho histórico para el euro. El Banco Central Europeo tomó la decisión de rebajar el tipo de interés oficial del euro y colocarlo en el 0%. Además, reforzó su política monetaria expansiva “QE” -Quantitative Easing-, hasta al menos el mes de marzo de 2017.

Todo ello para potenciar la concesión del crédito o mejor dicho, para restaurar el ritmo de financiación de la economía, en un contexto de bajos niveles de inflación.

Las nuevas previsiones de la economía europea indican un PIB para 2016 de +1’4% (la previsión anterior era de +1’7%) y para 2017 de +1’7% (previsión anterior +1’9%).

Así mismo, se espera que la inflación europea se situé en el año 2016 en el +0’1% y en +1’3% en el 2017.

No son pocos los analistas que opinan que el Banco Central Europeo tiene que tomar medidas que otros no toman, en clara referencia a medidas estructurales para la economía europea que no acaba de adoptar la Comisión Europea.

Al BCE ya solo le queda “una bala” para estimular la débil economía europea, la devaluación del euro.

Esta intensidad de medidas en política monetaria expansiva, reactivará a corto plazo la economía, pero que a nadie le quepa la menor duda que se esté sembrando la inflación a medio plazo.

Como la historia se repite, se muestra en la evolución del EURIBOR 12 meses desde el año 2000 hasta la fecha, recordando que en el año 2009, el EURIBOR 12 meses superó el 5’41%, actualmente está en negativo ( -0’002%).

Las CCAA siguen descontroladas, cerraron 2015 con una deuda de 261.268M€, lo que supone un incremento de 24.448M€ en comparación con el año pasado.

Uno de los datos más significativo es que el 48% de ese pasivo está en manos del Estado, es decir, 125.666M€. Este escenario se produce porque la administración central se ha convertido a través de los mecanismos de financiación extraordinarios (FLA o Plan de Pago a Proveedores) en el último prestamista de la mayoría de los gobiernos regionales. Tanto es así que posee más del 50% de la deuda de 8 comunidades. En concreto, el Estado es el principal acreedor de Murcia (70,7%), Comunidad Valencia (69,6%), Castilla-La Mancha (63,5%), Andalucía (62,9%), Cataluña (60%), Baleares (59,4%), Cantabria (54,8%) y Canarias (54,4%). El resto de comunidades también tienen gran parte de su deuda en manos del Estado, salvo País Vasco y Navarra, que rechazaron sumarse a estos programas.

La crisis provocó que el mercado de financiación se cerrara para muchas autonomías, que vieron como sus títulos de deuda eran calificados de «bonos basura» por algunas agencias de rating.

Esto provocó el crecimiento exponencial del peso del Estado en la deuda autonómica. Sólo en el segundo semestre de 2012 ya debían 34.330M€. Desde entonces la cifra no ha hecho más que aumentar. En 2013 las Comunidades ya debían al Estado 61.500M€ y un año después 85.000M€.

Además, la gran novedad es que esta financiación del Estado a las CCAA son a un tipo de interés 0%.

Al margen de quiénes son los acreedores, el principal problema de la deuda autonómica es que siguió con su senda alcista y aumentó su ratio respecto al PIB del 22’7% al 24’2%. De hecho, fue el sector de la administración en el que más se elevó el pasivo el año pasado (10’3%) y Cataluña pidiendo pan estos días al Ministro Montoro –en funciones-………..

Este mes de febrero acaba de entrar en vigor el semáforo de riesgos de los productos financieros para minoristas lanzado por el Ministerio de Economía, con el que se busca alertar a los ahorradores del peligro de determinadas inversiones.

De la normativa quedan excluidos los fondos de inversión, los ETF, los derivados y los depósitos estructurados, que tienen su propio sistema, y la deuda pública española y de la eurozona.

Las entidades financieras sólo están obligadas a catalogar con este sistema las acciones, los depósitos, la inversión en renta fija corporativa, los seguros de vida con finalidad de ahorro y los planes de pensiones individuales.

Hay seis clases en el indicador de riesgo. La primera, de verde oscuro, corresponde a los productos de menor peligro como los depósitos bancarios o planes de previsión asegurados. A partir de ahí se asciende en riesgos hasta la sexta clase, de color rojo, que acompañará a las acciones, los bonos de renta fija corporativa o las cédulas hipotecarias, entre otros productos.

Entre medias, las entidades financieras deberán señalar distintos niveles de riesgo para aquellos productos que garantizan recuperar el 100% del dinero invertido en tres años o menos y siempre que el emisor tenga un ráting de investment grade (clase 2); el 100% del capital entre 3 y 5 años (clase 3), el total invertido entre 5 y 10 años (clase 4) y el 100% a más de 10 años o el 90% de lo invertido (clase 5).

Con este sistema también se deberá alertar al inversor sobre los riesgos de liquidez, con uno o dos símbolos de un candado, en función de los peligros. La norma, aprobada por Orden Ministerial, contempla ocho avisos de este tipo. En los productos garantizados, por ejemplo, deberá detallar que el capital sólo está garantizado a vencimiento y que, si se retira antes, puede acarrear pérdidas.

También deberá avisarse del hecho de que el producto no se negocie en un mercado regulado o de la existencia de penalizaciones por la devolución anticipada de parte o todo el capital invertido.

El último aviso que deberán incluir los documentos del producto, si procede, será un grueso signo de exclamación que indique que aquel «no es sencillo y puede ser difícil de comprender».

Varios de los productos financieros preferidos de los inversores quedan fuera del nuevo medidor de riesgo. Es el caso de los fondos, que tienen 7’6 millones de partícipes.

Los fondos tienen ya su propio sistema de indicador del riesgo, ya que en su folleto deben recoger en qué parte se encuadran de una escala de 1 a 7. Tampoco los derivados y depósitos estructurados ni los productos de seguro de vida que tengan un elemento de inversión entran en este sistema, pues se rigen por una regulación europea que entrará en vigor a finales de este año 2016.

Según se recoge en la Orden del Ministerio de Economía, tampoco la inversión en deuda pública española y de la eurozona tendrá que acogerse al semáforo de riesgo por «la garantía de las administraciones públicas con la que cuentan, hace que su clasificación sea la de activo de elevada liquidez y solvencia».

Los planes de previsión social empresarial tampoco entran en el nuevo sistema.