La Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, “LIS”) establece que los contribuyentes deberán efectuar tres pagos a cuenta durante el ejercicio, en los primeros 20 días naturales de los meses de abril, octubre y diciembre.

Dichos pagos fraccionados, que tendrán la naturaleza de deuda tributaria, se realizarán a cuenta de la liquidación que corresponda al periodo impositivo en curso el día primero de cada uno de los meses citados.

No obstante, no deberán efectuar el referido pago fraccionado ni estarán obligadas a presentar la correspondiente declaración las entidades que tributen al tipo del 1 % o del 0 %, según lo expuesto con anterioridad.

Para la determinación de su importe se puede optar por uno de estos dos sistemas:

1. Aplicando el 18 % a la cuota íntegra del último periodo impositivo cuyo plazo reglamentario de declaración estuviese vencido el día en que comience el plazo para realizar el pago fraccionado, minorada dicha cuota íntegra en las deducciones y bonificaciones que le fueren de aplicación al contribuyente, así como en las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a aquel (art. 40.2 de la LIS).

2. Aplicando, sobre la parte de la base imponible del periodo de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural, el porcentaje que resulte de multiplicar por cinco séptimos el tipo de gravamen redondeado por defecto. Por tanto, si atendemos al tipo general del impuesto, la base imponible del contribuyente habrá de ser multiplicada por 17 % (5/7 × 25 %, redondeado por defecto). (art. 40.3 de la LIS).

De la cuota resultante se deducirán las bonificaciones que le fueren de aplicación al contribuyente, las retenciones e ingresos a cuenta practicados sobre los ingresos del contribuyente, y los pagos fraccionados efectuados correspondientes al periodo impositivo.

Esta segunda modalidad tendrá carácter opcional, pero será obligatoria para aquellos contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios haya superado la cantidad de 6.000.000 de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo al que corresponda el pago fraccionado.

La opción por la segunda modalidad deberá ser comunicada mediante la correspondiente declaración censal durante el mes de febrero del año natural en que deba surtir efectos. El contribuyente quedará vinculado a esta modalidad para el periodo impositivo en curso y los siguientes mientras no renuncie expresamente a su aplicación.

El dividendo es la parte del beneficio que se reparte entre los accionistas o participes de una compañía. Constituye la remuneración que recibe el accionista por ser propietario de la sociedad. La cantidad es variable según los resultados anuales que la empresa ha obtenido.

La Ley del Impuesto de la Renta determina, que forman parte de los rendimientos de capital mobiliario los obtenidos por la participación de un contribuyente en los fondos propios de cualquier tipo de entidad. Entre ellos, se encuentran los dividendos, las primas de asistencia a juntas de accionistas y otras participaciones en los beneficios de una empresa.

Los dividendos se integran en la base imponible del ahorro, y tributan de acuerdo a la siguiente tabla:

Para el cálculo del rendimiento neto del capital mobiliario, se deducirán de los rendimientos íntegros exclusivamente los gastos de administración y depósito de las acciones o participaciones y demás valores negociables. Eso sí, hay que tener en cuenta que no son deducibles los gastos ligados a una gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión.

El accionista o participe deberá tributar por el importe bruto total obtenido en concepto de dividendos menos los gastos fiscalmente deducibles. Asimismo, incluirá dentro de retenciones y pagos a cuenta de la declaración de IRPF, la retención total soportada.

La compañía pagadera del dividendo está obligada a retener en concepto de pago a cuenta del IRPF el 19% del importe del dividendo aprobado en Junta pagado al accionista o participe.

La Ley General Tributaria (en adelante “LGT”) establece que prescribirán a los cuatro años el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

Esta misma ley, establece que el plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación, pero el plazo de prescripción se interrumpe:

• Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que proceda, aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta como consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario.
• Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.
• Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria.

De acuerdo con lo anterior y si no se han producido ninguna de las actuaciones recogidas en el apartado anterior, podemos establecer que:

• Con fecha 30 de junio de 2016 ha prescrito derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del ejercicio 2011, cuyo plazo para presentar la oportuna liquidación finalizó el 30 de junio 2012.
• Con fecha 20 de julio de 2016, ha prescrito derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria correspondiente al Impuesto sobre Sociedades (IS) del ejercicio 2011, cuyo plazo para presentar la oportuna liquidación finalizó el 20 de julio 2012.
• Con fecha 30 de enero de 2016, ha prescrito derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria correspondiente al Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) del ejercicio 2011, cuyo plazo para presentar la oportuna liquidación finalizó el 30 de enero 2012.

Con respecto al Impuesto del IVA, se venía aplicando para el inicio del periodo de prescripción, la finalización del plazo para la presentación de la liquidación trimestral o mensual correspondiente. Ahora, tras una sentencia de Tribunal Supremo, se amplía este plazo, ya que se toma como fecha de inicio, para el cómputo de esos cuatro años, la fecha del resumen anual, que se presenta entre el 1 y el 30 de enero del año siguiente al periodo de devengo.

La responsabilidad del administrador de una sociedad ante la Administración Tributaria, por las infracciones tributarias de la sociedad a la que representa o representaba, se fundamenta en el art. 43 de la Ley General Tributaria y en principio es de carácter subsidiario, aunque en los casos de participación activa en la comisión de la infracción, pueda adquirir el carácter de solidaria.

El art. 43.1 a) de la LGT dispone lo siguiente:

“Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:

a)sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 42 de esta Ley (los casos de participación activa en la comisión de la infracción), los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones.”

El administrador recibiría directamente el Acuerdo de inicio de la declaración de responsabilidad tributaria, en el que se le indicará que adeuda las cantidades que no han sido satisfechas por la entidad a la que representaba o representa, y que si manifiesta la conformidad con la sanción tendrá la suerte de que se le rebajará ésta en un 30%. Después vendría la liquidación definitiva, plazo de pago voluntario  y en caso de que el administrador afectado no haya pagado íntegramente lo liquidado, el expediente pasará a apremio.

En definitiva, el texto del artículo 43.1 a) de la LGT dice que los administradores responderán cuando la sociedad haya cometido infracciones tributarias. Además se debe cumplir el requisito de la motivación, es decir, la Administración debe explicar por qué considera que el administrador es responsable subsidiario de las deudas tributarias.

Aunque no en todos los casos, procede derivar la sanción al administrador, sólo en los casos siguientes: (i) ocultación de bienes, (ii) culpa o negligencia, (iii) levantamiento de bienes, (iv) ser depositario de los bienes del deudor o de bienes embargados.

Así las cosas, vemos que no en todos los casos, procede la derivación de la responsabilidad, pero cada caso requiere un estudio concreto.

En SyG Asesores, consideramos que la derivación no debe darse en los casos en que el administrador haya actuado con la diligencia de un “buen comerciante”, porque en muchos casos son las fluctuaciones de mercado las que determinan que un negocio aparentemente viable, deje de serlo y los ingresos ya no sean suficientes para cubrir los gastos y las obligaciones tributarias. En estos casos, por mucho que se haya infringido el “deber de ingresar las deudas tributarias”, no se puede hacer responsable al administrador.